Los fondos que la oposición quiere destinar para las nuevas jubilaciones apenas cubren el 10% del impacto fiscal total

La reciente ley aprobada en el Congreso para incrementar los haberes previsionales y otorgar un bono a jubilados desató un intenso debate sobre su financiamiento. Aunque la oposición incluyó en el proyecto fuentes de ingresos para cubrir el gasto, informes privados y críticas del oficialismo coinciden en que estas resultarían insuficientes, cubriendo apenas un 10% del impacto fiscal estimado, que ronda el 1% del PBI según la consultora Empiria, dirigida por el exministro Hernán Lacunza. El oficialismo, por su parte, había calculado un costo de 0,9% del PBI para este año.

El oficialismo cuestionó la viabilidad de las fuentes propuestas. “El nivel de irresponsabilidad es superlativo. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian no cubren ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza”, expresó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en su cuenta de X.

Desde Empiria, se señaló que las fuentes de financiamiento propuestas son “simbólicas” y de difícil implementación. “Las fuentes de financiamiento explicitadas en los proyectos aprobados no parecen de recaudación sencilla ni directa, sino más bien algo simbólico, buscando cumplir un requerimiento burocrático”, indicaron en la consultora. Entre las medidas propuestas están la derogación de exenciones de IVA a honorarios de directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, que tendría un impacto “bajo o nulo”. También se incluyó la eliminación de beneficios impositivos (Ganancias e IVA) a contratos de garantía recíproca, que aportarían un 0,03% del PBI, y ajustes presupuestarios en el programa de la SIDE, que sumarían apenas un 0,004% del PBI. Las modificaciones para reducir el programa de servicios de la deuda aportarían un 0,06% del PBI, mientras que los ingresos por entes cooperadores transferidos al Tesoro Nacional no cuentan con estimaciones claras.

"No tienen idea"

El ministro de Economía, Luis Caputo, también criticó las propuestas de financiamiento, especialmente la derogación de beneficios a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). “Hoy hablábamos con Santiago Bausili (presidente del Banco Central) de esto. Los ‘nacionales y populares’ destrozando el financiamiento a las pymes y la producción nacional. No pueden haber quedado más en evidencia ayer (por el jueves)”, escribió en X, citando al economista Salvador Distéfano, quien afirmó: “Son tan burros algunos legisladores que ayer aprobaron la derogación de los beneficios de las SGR, lo que atenta contra el crédito a la producción”. Distéfano añadió: “Claramente, nuestros legisladores no tienen idea de lo que es el financiamiento a la producción. En buena medida es entendible, ya que los gobernadores le cobran ingresos brutos al financiamiento a empresas y personas”.

En la oposición, sin embargo, defienden que la derogación de la exención de IVA a directores y síndicos podría generar un 0,14% del PBI, según cálculos basados en el gasto tributario del presupuesto de 2023. No obstante, tributaristas consultados advierten que esta medida podría incluso reducir la recaudación de ARCA, ya que los profesionales podrían descontar el IVA de sus gastos y las empresas tomarían el IVA de los honorarios como crédito fiscal, lo que no generaría ingresos significativos para el fisco.

Meta comprometida

El informe de Empiria detalla que el costo fiscal total de las medidas aprobadas este año, incluyendo el aumento a jubilados (0,9% del PBI), el proyecto de ATN (0,05%), el impuesto a los combustibles (0,15%), la moratoria previsional (0,03%) y las medidas para discapacidad (0,4%), asciende a 1,5% del PBI, rozando el 1,6% comprometido como superávit fiscal ante el FMI. Para un año completo, el impacto podría alcanzar el 2,5% del PBI, según coinciden tanto Empiria como el presidente Javier Milei y el ministro Caputo.

Otros proyectos aprobados, como los relacionados con discapacidad y la moratoria previsional, delegan al jefe de Gabinete y a la Oficina de Presupuesto del Congreso la tarea de realizar las modificaciones presupuestarias necesarias, sin especificar fuentes concretas. En el caso de los proyectos de ATN y combustibles impulsados por gobernadores, se solicita un traspaso de fondos de la Nación a las provincias, pero no se indican alternativas para reemplazar esos recursos en las arcas nacionales.